EL AGUA: PROBLEMA, RESPONSABILIDADES Y NECESIDAD DE UNA NUEVA AGENDA

Durante gran parte del siglo XX hemos vivido en el derroche de recursos naturales, como el agua, que creíamos infinitamente abundantes e inacabables. La ilusión de una vida sin problemas en materia de recursos naturales, como el eco subterráneo del paradigma cultural cosificador, sembrado por la visión descarteana (Descartes), marcó a fuego, y hasta la fecha, el modo de conocimiento y el proceso simbólico de la humanidad, sobre el sentido y la importancia del agua como el recurso natural más importante del ser humano para su sobrevivencia, reproducción y desarrollo.

La producción capitalista, en la época contemporánea, avanzó incontenible alimentada por este núcleo figurativo de la relación hombre-naturaleza, empobreciendo la inteligibilidad del ser humano sobre el uso e importancia del agua hasta el extremo de esterilizar nuestra capacidad de respuesta, recién en los últimos tiempos, felizmente, oxigenada en el extremo de un modelo neoliberal depredador e irreconciliable con la pobreza social, el sentido de nación y el desarrollo endógeno del país. Los casos recientes de Islay en Arequipa, la contaminación del Ramis en Puno y otros más en Tacna y Cusco, tomando en cuenta nuestros espacios más cercanos, son algunos de los ejemplos de que algo muy importantemente positivo se está produciendo en la representación social, especialmente de las poblaciones más directa e inmediatamente afectadas por la escasez de este valioso elemento, como es el agua; que ya no aguantan la espantosa irracionalidad e irresponsabilidad en el manejo del agua como prioridad en la gestión pública local, regional y nacional, y proponen y hacen valer activamente una nueva agenda ante el gobierno nacional y regionales, donde la primera prioridad es la forma de uso del agua.

Diferentes análisis y proyecciones de especialistas en el tema, concluyen sin dudas que la humanidad habrá de enfrentar próximamente, de continuar así las cosas, una terrible crisis del agua como consecuencia del calentamiento global, el uso irracional de la misma y la contaminación de fuentes y espejos de agua hasta un nivel que amenaza con convertirse en irreversible, con daños incalculables especialmente en las naciones y países no desarrollados, como el Perú, donde se acumula y reproduce el grueso de la pobreza mundial.

¿Qué están haciendo, en consecuencia, los responsables de la alta política en nuestro país para, por lo menos morigerar la progresión de este “cáncer” cultural y productivo depredador y demoledor del recurso agua?. Hasta el momento no sabemos ni conocemos sobre una política integral y global del manejo del recurso agua con un sentido social, humano, previsor y sostenible en el tiempo y el espacio. Es más, el Estado, urgido por el resobado paradigma “perro hortelánico” del actual mandatario, al fomentar a cualquier precio la inversión privada de capitales internacionales, especialmente en el campo de la minería, contribuye directa e indirectamente a la utilización irracional e irresponsable del agua superficial y subterránea, con grave daño a la ecología, la producción local y la salud de las personas; porque no sólo se reducen los volúmenes de agua disponibles para el consumo humano y la producción local, sino que también se contaminan las fuentes hídricas donde beben seres humanos y animales.

En un nivel meso o regional, la inopia de las autoridades sobre la trascendencia de este problema no deja de ser sorprendente, porque no se nota en la “política construida”, en la obra práctica y menos en el discurso demagógico de los liderazgos un nuevo “esquema figurativo” organizado sobre el recurso agua con un sentido social y estratégico y una alta valoración. La política sobre el particular, si a ello le podemos llamar política, está eviscerada de cultura ciudadana, responsabilidad colectiva y prioridades sociales; con el agravante de una inercia sopenca y una flema digna de mejor causa en la solución de problemas de enorme magnitud, como es la contaminación de las aguas del Lago Titicaca y el insuficiente drenaje en ciudades populosas como la “ciudad calcetera” de Juliaca.

Sin embargo, la sostenibilidad del recurso agua, tanto en cantidad como en calidad, tiene también una dimensión micro y cotidiana referida al comportamiento de los individuos. La forma de usar el agua, de consumirla, procesarla y desecharla, tiene efectos e impactos altamente negativos que alimentan, de algún modo, el problema global y grande del uso irracional, irresponsable y antiético del agua en la sociedad global.

No existe, en este nivel, y nadie se ha preocupado, hasta la fecha, porque exista una cultura citadina de la racionalidad y uso óptimo del agua, así como de otros recursos; salvo en nuestras culturas originarias quechua, aymara y amazonense de quienes deberíamos aprender una nueva visión y modelo de hacer sociedad en el “buen vivir”. La formación escolar básica y universitaria, componentes importantes de la sociedad moderna, lamentablemente no están todavía a la altura de las exigencias que nos plantea el mundo real, el mundo de los fenómenos y las cosas y no simplemente de las ideas.

El trabajo por modificar esta situación es, en consecuencia, enorme y compromete prácticamente a todos; a los gobernantes y gobernados; a las instituciones, a los medios de comunicación; a las familias y a las organizaciones políticas, cuyo “núcleo figurativo” sobre este “objeto de representación”, en este caso el agua, debe experimentar una radical modificación y, en relación a ello, los comportamientos de la gente. Nuestro futuro humano, no nos olvidemos, depende de cómo asumamos hoy nuestra responsabilidad frente al uso del agua.

POLÍTICA: DECENCIA Y CORRUPCIÓN

La estrategia de Lourdes Flores Nano para sacarle ventaja a Alex Kouri en su carrera al sillón municipal de Lima, consistente en apelar a la contradicción entre decencia y corrupción, parece estar teniendo algún efecto importante. Hay un segmento considerable de la ciudadanía capitalina que mira con buenos ojos la posibilidad de aupar a la lidereza del PPC al máximo cargo municipal por sus mejores credenciales éticas, restándole méritos, en contrario, a un Kouri candidato por el “vientre de alquiler” Cambio Radical (que de radical no tiene nada, dicho sea de paso), embarrado hasta la testa por su negra vinculación mercantil con el fujimontesinismo y denuncias de corrupción por su gestión pública no absueltas hasta el momento.

Es indudable que, como creo es el sentir de todo espíritu sano y honesto del país, esta sea no sólo la estrategia de un candidato para obtener ventaja sobre otro candidato, sino la manifestación de un propósito real de cambio y refundamentación de la política sobre otras bases éticas y culturales, aunque ello signifique el sacrificio de “nadar contra la corriente” en un río de voraces pirañas humanas dispuestas a levantarse los recursos del Estado, que son de todos los peruanos, a como de lugar y de cualquier forma.

La contradicción entre decencia y corrupción, sin embargo, tiene un significado más raigal y extendido en el cuerpo societal, a partir de la información y experiencia directa e indirecta que los millones de nacidos en este país tenemos en nuestra vida diaria con asuntos donde prolifera la corruptela más asquerosa. Las denuncias públicas y no públicas de malos actos perpetrados por presidentes de gobiernos regionales (sin ir muy lejos como el Presidente de la Región de Puno), consejeros regionales, alcaldes grandes y pequeños, funcionarios públicos y cuanto sujeto tiene la menor oportunidad de lidiar con la necesidad de la gente por alguna satisfacción personal y coletiva que por derecho les corresponde, son solamente algunos indicadores y malos olores de una podredumbre con signos catastrofistas y endémicos que amenaza no tener fin ni resolución en las actuales circunstancias de vida capitalista egocéntrica, hedonista y nihilista impulsada por la globalización, el neoliberalismo y una economía de mercado donde el más fuerte es el más diestro en el manejo descarado y sucio de los espacios públicos.

En los últimos tiempos la vida del ciudadano de a pie, en costa sierra y selva, está tironeada por la contradicción entre decencia y corrupción que mejor sería decir, en términos más técnicamente éticos, entre virtud y corrupción, entre la honestidad y la transparencia, y la delincuencia institucionalizada que carcome los nervios vitales de las instituciones del país, haciendo más inviable los propósitos sanos de desarrollo regional y nacional, porque nadie puede poner en duda que si el desarrollo no está acompañado por la cultura y la ética no es desarrollo sino una miserable radiografía de un crecimiento sin cerebro, corazón ni imaginación que para algunos improvisados políticos y técnicos de jerga “desarrollista” es más que suficiente para contentar a un pueblo hambriento de grandes ideas, proyectos y cambios.

Esta contradicción, se podría decir la más importante de todas las contradicciones, que motoriza imaginación, deseos y voluntades, y que está marcando a fuego rápido el ánimo y la disposición política social, es una contradicción sin resolución efectiva en el plano de la institución jurídica que es el plano del Derecho y del Poder Judicial, como lo viene constatando cierta actividad mediática en nuestro medio regional, al poner en claro y obscuro la mediocridad, ambivalencia y absoluta falta de resolución de muchos fiscales incapaces de “tomar el toro por las astas” y que, ante la complicación de los casos o ante la presión de ciertos poderes fácticos prefieren al “archivamiento” de las denuncias como la más usada y fácil manera para escapar a sus responsabilidades aunque no a su conciencia. En consecuencia, si esta contradicción no encuentra camino de salida por la vía normal y ciudadana, que debe tener en el espacio legal la garantía de un encausamiento serio, será la vía de los hechos la que la final de cuentas prime en la voluntad y la entereza de mucha gente desesperada, decepcionada y escaldada por la insensibilidad de una burocracia que arrastra los pies y sobre eso exige coima para agilizarlos; la desvergüenza de funcionarios oficialistas que utilizan vehículos públicos para cuchipandas públicas y sobre eso terminan miccionando en la calle; el fraude de “concursos públicos” con la ventolera de publicaciones televisivas y tanta mugrosa documentación exigida, que concluye con el ingreso de algún pobre ahijado o reclutado político de última hora; el carnaval de “concurso de precios” y el famoso veinte por ciento por debajo de la mesa, que termina con sobreprecios escandalosos, bienes de valor chatarra y signos exteriores de riqueza que sólo un estúpido no percibe al primer ojo; la construcción hechiza de carreteras, puentes y locales que empiezan a caerse desde el primer botellazo de la inauguración hasta todo lo que es el diario uso y trajinar de la población; en fin, un largo anecdotario diario, permanente y diarreico volumen de cosas, hecho, actos deprimentes y figuras y figurones atosigantes que mueven el estómago y sublevan el espíritu hasta la irrupción emocional, social y física de la protesta pública, la denuncia abierta, la obstrucción de carreteras, la toma de locales, el encadenamiento en rejas y pertas públicas, y cuanta cosa más inventada por la imaginación popular para ingresar a las entendederas caparazónicas y emporquerizadas de insensibles momias burocráticas, mediocres pero hinchados mandamases y venales “tecnoburócratas” sin iniciativa y sin imaginación para entender las cosas de una manera diferente y mejor que lo dispuesto en sus trasnochados manuales y “normas” sombis.

Sea cual sea el camino de resolución de la contradicción decencia versus corrupción, aunque mejor sería, ciertamente, el de la vía formal, del derecho y la democracia ciudadana, el imperativo ético normal, natural y hasta instintivo se podría decir, debe transcurrir por la vigilancia, la exigencia intransigente y masificada; la lectura entre líneas de quien gestiona la “cosa pública”; la lectura funcional del currículo de quienes persiguen una representación política en las alcaldías, el gobierno regional, el congreso o la presidencia del país o de cualquier cargo en las organizaciones o instituciones públicas y privadas; y la sospecha inquisitiva y a prueba de balas de toda oferta facilona, bulliciosa, espaciosa, generosa y aderezada con medios y procedimientos de mucho dinero, caravanas de desinformados “portátiles” y felpudines para todo uso.

En materia de decencia, pues, el camino no es sencillo pero es el más digno y, posiblemente, lo más importante que habremos de legar a las nuevas generaciones.

DE ELECCIONES POLÍTICAS, PARTIDOS Y DECEPCIONES

La proximidad de un nuevo evento electoral para la elección de alcaldes y presidentes de gobiernos regionales en el país, está determinando la activación de la vida política expresada en la oxigenación de viejos y desvencijados partidos políticos, el despertar de otros de un letargo que va para los cinco años y la invención virtual de algunos disponibles como “vientres de alquiler” o “partidos combi” para el mejor postor, como aquel de Barba Caballero donde se vienen aupando personajes de diferente historia política, idiosincrasia y catadural moral, como es el caso del exalcalde del Callao Alex Kouri de identificada talla fujimorista y socio del delincuente Montesinos.

En nuestro medio regional la situación no es muy diferente: el caudillaje y el oportunismo camaleónico recobran bríos en la articulación y rearticulación de cúpulas hechizas y colectivos de escasa facha democrática, varios de ellos fruto de un apresurado y nervioso reciclaje con el cambio de nombre incluido, para adquirir cierta decencia y potabilidad ante una opinión pública más que escaldada de membretes huecos y personajes de cuestionable trayectoria personal, política técnica.

¿Qué hemos aprendido en este último periodo de retraimiento de la política formal activa y de acentuada turbulencia de los fenómenos y hechos sociales, materia prima de la política en la región de Puno?. Nada, absolutamente nada que apunte hacia una política madura, moderna y eficiente; una política de grandes y creibles visiones, de compromisos sustanciales con una ciudadanía exigente de un futuro diferente, de calidad moral y profesional demostrada, de grandes ideas e iniciativas, en fin, de una vivencia racional y afectiva, de principios y valores que eduquen con el ejemplo y que hagan de la política una formidable pedagogía para el aprendizaje colectivo y el rejuvenecimiento de utopías y voluntades en la mentalidad popular.

Nuestra política y nuestros políticos llámense serios o improvisados, todavía afirman su comportamiento político más en el márketing de la política que en las ideas y virtudes de la misma; más en el andamiaje del movimiento político que en las grandes propuestas, las utopías y los desafíos de hacer una política crítica y trascendente; y más en el cálculo de los costos y los beneficios personales que en los extraordinarios beneficios sociales consecuencia del bien interno y el leiv motiv de una verdadera política. La política como “agonía”, entrega desinteresada, preocupación y sufrimiento por el otro, está fuera de los cálculos y la imaginación prehistórica de quienes forman la turbamulta de candidatos, precandidatos, proyectos de candidatos, abortos de candidatos, o lo que sea, que hoy inundan los pasillos del Jurado Electoral y de la vida política improvisada y atosigante en la región de Puno.

La política, para desgracia nuestra, no despega todavía desde la sombría antesala de la modernidad en que nos ha dejado los años de violencia política de los años 80 y 90 que salpicó siniestramente al tejido social de la región, combinada con la reestructuración neoliberal de los espacios de vida económica y social impuesta por el modelo aperturista, privatista y entreguista de la mafia fujimontesinista; hasta un escenario de construcción cívica con ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones y capaces de elegir con responsabilidad y autonomía a los gobernantes que merecen tener. Tanto la violencia real como su proyección simbólica en el “habitus” de las clases populares, como la fragmentación y dispersión del tejido social regional resultado de las políticas neoliberales, han engendrado un sujeto regional de la política demasiado inclinado al pragmatismo y utilitarismo en las relaciones gobernantes-gobernados; a la suspicacia y al descreimiento; al nihilismo ideológico; al desmedulamiento de las grandes propuestas hoy simples carcasas para adornar los extravíos de algún dilettante de la política; y a la asunción de la política, en el sentido común de la gente, más como un asunto coyuntural de afectividades que de una racionalidad seria y sostenida en el espacio y el tiempo.

Así los colectivos políticos llámense partidos, movimientos, frentes o tanta cosa se los quiera llamar, han perdido absolutamente el sentido histórico y conceptual con el que surgieron en la época moderna intentando ser una suerte de intermediación positiva entre la sociedad civil y el Estado, para transformarse, más bien, en un mecanismo de intermediación entre determinados “caciques” de la política regional y los potenciales votantes. El colectivo político no es entonces, en estas circunstancias, un instrumento para la educación cultural y política del colectivo social en sus más variadas expresiones; o, no es el “intelectual orgánico” colectivo para la pedagogización de las “masas” en el salto del mundo de la “necesidad” hacia el mundo de la “libertad”, sino todo lo contrario, el colectivo político se ha transformado, por el contrario, en un instrumento más para la subordinación de la conciencia social y la voluntad popular, y su sometimiento real a las condiciones de los poderes establecidos regional y nacionalmente, al reproducir en su vida interior las lacras y deformaciones instituidas en la sociedad global por fenómenos como los anteriormense señalados y otros.

Huelga decir que por esta ruta, la ruta donde el partido se subordina a los intereses de los individuos más avezados en la piratería de la política y con más capacidad económica, donde la lógica del “partido combi” o del “partido vientre de alquiler” está sustituyendo a la lógica del partido doctrinal y de masas, es imposible de todos los imposibles que las preocupaciones justas y necesarias de los diversos sectores sociales de la región de Puno, encuentren en la política el medio fundamental para impulsar un ideario trascendental y sostenible de desarrollo. La política, en todo caso, continuará diluyéndose en los pasillos perdidos del congreso, si hablamos de la representación nacional; o en los microescenarios de los torquemadas representantes locales y regionales dando espectáculos penosos y de vergüenza ajena.

¿Qué queda, en consecuencia? Sólo la esperanza de refundar la política y sus manifestaciones orgánicas, sobre bases teóricas y doctrinales fuertes, sostenibles en una pedagogía política del ejemplo, en una democracia interna real, en un optimismo ideológico a prueba de balas y en una enorme capacidad de sintonía con las necesidades y tendencias, sobre todo, de las clases populares de la sociedad regional y nacional.

EL PROYECTO INAMBARI: NUEVAMENTE SOBRE EL TEMA

A pesar de que las empresas interesadas en la construcción de la hidroeléctrica del Inambari, ante el descontento activo puesto en juego por las poblaciones afectadas y otras, han anunciado la suspensión de la obra hasta que supuestamente las cosas estén más claras, la suspicacia y la desconfianza continúan alentando pronunciamientos públicos, eventos críticos, debates y manifestaciones adversar a la referida construcción que afecta territorios de más de una región del surperuano.

Las principales observaciones ambientales, económicas, sociales y técnicas al mencionado proyecto han sido señaladas abundantemente y colocadas sobre el tapete de la discusión desde hace buen tiempo atrás, por diferentes investigadores, técnicos y organizaciones públicas y privadas (“destrucción de la ecología y el medio ambiente y pérdida irremisible de biodiversidad”, “contribución al calentamiento global”, “destrucción de una buena parte de la carretera interoceánica”, “desplazamiento de personas y asentamientos humanos”, etc.), sin que hasta el momento se haya tenido una respuesta sustanciosa, coherente y oficial a las mismas, tanto por parte del Estado como de los inversionistas privados; salvo la cháchara oficiosa con afeites “técnicos” pasadistas incressendo de ciertos “analistas” mediáticos algunos de antecedentes fujimontesinistas que pretenden convertir lo negro en blanco para confundir a la opinión pública y torcer la voluntad popular.

Según muchos parece que la respuesta oficial se condensaría y finiquitaría con el Informe de Impacto Ambiental (IIA), algo así como el talmud tecnocrático para entender y hacer las cosas de una manera irrecusable y absoluta en un sentido o en otro. Sin embargo la fenomenología del asunto parece que está imponiendo otros indicadores para la determinación de la viabilidad o no de este proyecto en las actuales circunstancias, que superan los diseños clásicos con los que han venido decidiendo, hasta la fecha, los tecnócratas con visión empirista y positivista. Estos indicadores son, por ejemplo, la confianza social y calidad del Estado.

Por la forma cómo ha venido desenvolviéndose el actual gobierno y varios de los anteriores, incumpliendo promesas y haciendo lo contrario a lo que ofrecían, se ha configurado en la percepción y el sentimiento popular una profunda desconfianza ante las promesas y actos de los gobernantes; una desconfianza traducida en suspicacia e incredulidad ante cualquier “buena cosa” que se inicie en la esfera oficial y que comprometa volúmenes grandes de inversión pública o privada como la inversión que se intenta hacer con el proyecto del Inambari. Los destapes que vienen desde la época del fujimontesinismo con dinero a cerros entregado por delincuentes como Vladimiro Montesinos a corruptos empresarios y políticos, hasta los “faenones” de ratas de albañal para negociar privadamente con los dineros del tesoro público, han concluido exterminando la poca cuota de paciencia y confianza que aún anidaba en la conciencia ciudadana. El pueblo, en consecuencia, particularmente el pueblo sencillo, el pueblo que se las juega todos los días y que depende de su trabajo y sus escasos recursos, ese pueblo de todos los días de vida cotidiana difícil y complicada, es hoy un pueblo descreído y desconfiado ante los ofrecimientos de los gobernantes. La fractura producida, por esta razón, entre gobernantes y gobernados es grande y grave y por ello ¿no es un indicador de viabilidad, también, el grado de confianza que los gobernados tienen respecto a sus gobernantes, especialmente cuando se trata de megaproyectos como la pretendida hidroeléctrica del Inambari?

La experiencia denotada por el Estado hasta la fecha no ofrece una factura potable en asuntos de calidad, porque además de tener una “densidad” (concepto aparecido recientemente para expresar el grado de presencia pública institucional en los diferentes espacios territoriales del país) muy baja, adolece de la enfermedad endémica denominada incapacidad de gestión atravesada por corrupción, privatización del Estado y dominio de los poderes fácticos en todas sus decisiones importantes, especialmente cuando de por medio están jugosas ganancias fruto de las inversiones públicas. Las leyes y normas, así, se acomodan y se van acomodando según el interés de grandes inversionistas privados que mueven lobbies especializados para dicho fin. Verbigracia, en el tema del gas los gobernantes no tuvieron el menor empacho en modificar el ordenamiento legal vigente para permitir a socios del Consorcio Camisea (Hunt Oil y SK entre ellos) la exportación del gas del lote 88, exportación que estaba prohibida porque se exigía garantizar el abastecimiento del mercado interno por un “horizonte permanente” de 20 años.
Con un Estado así todo indica que al conjugarse la improvisación, la ausencia de sentido nacional en las políticas que se toman, la corrupción y el interés leonino del capital transnacional, entre otros, es imposible esperar que en los convenios, grandes acuerdos y transacciones entre aquél y el interés privado internacional y nacional, salga algo bueno para la comunidad nacional; y si es así, tal como se dijo al inicio de este comentario, los indicadores para evaluar la viabilidad de un megaproyecto como el del Inambari se amplían, por la realidad de los hechos, hasta abarcar indicadores de naturaleza psicosocial y política (por llamarlos de algún modo) como el grado de credibilidad de la población y la calidad del Estado; indicadores sin cuya configuración y verificación es imposible la viabilidad de cualquier proyecto de envergadura significativa en el Perú, porque la gente ha perdido confianza en la clase gobernante tradicional y el Estado mismo, tal como está estructurado y funciona, no ofrece ninguna garantía de idoneidad moral y política y menos de solvencia técnica.

El IIA, en consecuencia, por la naturaleza de las observaciones alcanzadas desde la vertiente crítica al proyecto seguramente encontrará serias dificultades para levantarlas solventemente, algunas incluso imposibles de ser atendidas por más que se fuerce y se transgreda el paradigma o enfoque desde el cual se lo viene procesando, no comprenderá ni hará suyos estos y otros indicadores de evaluación emergentes que configuran una realidad sumamente compleja cuya asunción, por lo señalado hasta aquí, debería ser tarea de un Estado y gobierno refundados bajo una plataforma de principios auténticamente nacionales, sociales con equidad y medioambientales, bajo el paradigma de un “desarrollo humano” que comprometa a todos los peruanos en el esfuerzo común de hacer del país un país próspero y desarrollado.

No pongo en duda que en la alocución de algunos políticos prácticos y más prácticos todavía profesionales y técnicos, asoma algún genuino interés por buscar un beneficio sano con esto del Inambari, pero la bondad de este interés no puede empañar siquiera la hondura de las debilidades y problemas que ello conlleva y que, en la balanza de las decisiones, pesan en sobremanera para postergar indefinidamente, por lo menos, este proyecto hasta que nuevas circunstancias nos permitan una evaluación transparente, integral y socialmente aceptable; circunstancias que la clase política regional ya debería estar por lo menos pergeñando en aras de construir una propuesta regional con bases endógenas, incluyentes, democráticas y humanas. La campaña electoral en ciernes para los municipios y regiones, sin ir muy lejos, debería convertirse en un verdadero escenario para discutir estos temas, y los ciudadanos exigir que las cosas sean así con una agenda impuesta por la sociedad civil y no por los mecanismos mediáticos.