ESTADO, REGION Y DEMANDAS SOCIALES

Los días del paro nacional-regional (7, 8 y 9 de Julio) también han sido los días de una masiva movilización de los mineros de Ananea, hacia la ciudad de Puno, para exigir al Gobierno Regional y, entre paréntesis, al Gobierno Central la atención a un petitorio donde destacan los temas de carretera, salud, seguridad y educación. Temas indudablemente justos, míresele por donde se le mire, tratándose de una población de varios miles de personas que habitan en detestables condiciones en, si así puede llamársele, la ciudad de Ananea.

Similar valor de justicia, y quizás más, tienen también, mírese por donde se le mire, los miles de habitantes que subsisten kilómetros más abajo en todo el curso de la Cuenca del Ramis que exigen salud y trabajo como consecuencia de la contaminación que infesta el río de cuyas aguas beben seres humanos y animales, se riegan las tierras y se nutren las plantas. Población que organizadamente, días atrás, no nos olvidemos, ha protagonizado, por este motivo, una paralización preventiva exigiendo por enésima vez al Gobierno Central solución al problema de la contaminación.

¿Cuál es la respuesta y qué está haciendo, hasta ahora, el Gobierno Regional y Nacional para solucionar esta problemática que amenaza incendiar, tarde o temprano, la pradera social andina de esta parte del país?

En cuanto al Gobierno Regional las alternativas y soluciones, por lo menos evidenciadas, son mínimas, parciales y, en el largo plazo, intrascendentes porque no van al cogollo de la problemática; es decir a la fuente de la contaminación, quedándose en paliativos y medidas remediales de las consecuencias de la contaminación; aparte de que los medios institucionales de que dispone, como la Dirección Regional de Minería y otros, carecen de fuerza legal y material para intervenir con una capacidad resolutoria profunda y densa, sobreponiéndose a los intereses reales que aquí, hasta el momento, tienen la voz cantante.

El proceso de configuración de las regiones, y en este caso de la Región de Puno, no ha cuajado en un Gobierno Regional suficientemente representativo y legitimado por la sociedad regional, dadas las características del sistema electoral nacional que abre espacio para la dispersión y balcanización del voto ciudadano; con instituciones modernas y sólidas, liderazgos maduros y éticamente virtuosos, jefaturas visionarias y activas en la búsqueda del desarrollo regional, administraciones sensibles hacia el “drama humano” y su atención, burocracias eficientes y con capacidad de diálogo horizontal, colectivos políticos con disposición y capacidad para la convergencia en torno a una utopía regional neomoderna que ponga en entredicho la geografía social del capitalismo, subjetividades e intersubjetividades nuevas en un proceso de re-identificación histórica que confronte el patrón de poder establecido, y con conceptos nuevos y mejores de ciudadanía y democracia en la región.

En este no cuajamiento tienen la culpa tanto las administraciones de los gobiernos centrales que sucesivamente hemos venido teniendo desde hacen varias décadas atrás, sin la voluntad política necesaria como para impulsar el proceso de descentralización hasta sus últimos términos; por lo menos en los términos establecidos en las sucesivas leyes y normas de descentralización y regionalización expedidas hasta la fecha. Pero también la responsabilidad es de la clase política regional (representantes políticos, congresistas, intelectuales, dirigentes populares, presidentes regionales, alcaldes, formadores de opinión pública, etc.), que no ha sabido comprarse bien el pleito en varios e importantes aspectos: modelación de un sentido común regional (subjetividad e intersubjetividad) respecto a la importancia de la descentralización y regionalización; manejo racionalmente adecuado de las contradicciones entre el centralismo y el Gobierno Regional; direccionalidad permanente de un proceso que significa reconsiderar profundamente las líneas de poder establecidas por el centralismo; organización social con un nuevo imaginario y conocimiento; y construcción del Proyecto Regional histórico y crítico a partir de la experiencia de los actores sociales.

En lo concerniente al Gobierno Central, el actor más importante en esta realidad problemática, acusa una notable desconsideración ante los problemas anotados de una y otra parte, me refiero a las demandas de los mineros y de la población de la Cuenca del Ramis afectada por la contaminación. Numerosos estudios “técnicos” de los que tienen conocimientos ministros y funcionarios del nivel central no han dado los frutos esperados; las oficinas y direcciones del ámbito regional que tienen que ver con el asunto de la contaminación, y que representan al Estado, adolecen de una inaudita deflación en recursos humanos y materiales; y, amén, de una absoluta ausencia de voluntad política para resolver estructuralmente esta problemática. ¿Dónde, pues, hallar la madre del cordero de tan abismales falencias? En el modelo “perrohortelánico” que defiende y alienta el Presidente de la República junto a los “poderes fácticos” del gran capital internacional que lo circuyen.

El modelo “perrohortelánico” neoliberal del alanismo es un modelo donde las prioridades de crecimiento del país bajo la batuta del capital internacional globalizado y sus apéndices burgueses “nacionales”, no contemplan ni tienen en consideración, en lo general, al mundo rural andino salvo como despensa barata de mano de obra y productos alimenticios para la población subordinada al gran capital, y como una retaguardia de consumidores de los bienes del capitalismo industrial. En consecuencia el modelo, con estas características estructurales, impone en la intersubjetividad de los gobernantes y, algunas veces, de los propios gobernados, una lectura de la realidad regional donde los actores del medio rural andino son “invisibles”, no aparecen, no existen y no cuentan, salvo como disfunciones del sistema que hay que aplacar por otros medios. Y si toda esta población que sufre las consecuencias de la contaminación no es sustancial para el modelo “perrohortelánico”, tampoco aparecen los causantes de la contaminación como un problema real de dimensiones enormes. No existen realmente, en las políticas oficiales, ni los unos ni los otros, y si no existen ¿para qué invertir recursos, tiempo y energía importantes?

Todo lo cual nos dice, en el lenguaje bravo de la política, que la solución raigal de los problemas aquí acotados sólo estará en la modificación estructural o la superación del patrón de crecimiento neoliberal impuesto por la clase política nacional, subordinada a los poderes reales del capital internacional, a pesar de que se trata de un “modelo” hace rato en fracaso ominoso y deslegitimación abrumadora.

ILUSIONES Y REALIDADES DE LA CLASE POLÍTICA GOBERNANTE

La censura del Gabinete Yehude Simon, luego de su interpelación, no ha sido posible por la falta de votos necesarios (lograron 56 de los 61 votos necesarios) para lograr ello, pero fundamentalmente por las indecisiones e inconsistencias de una oposición que no ha sabido, hasta el momento, dar los pasos necesarios para articular una propuesta política eficaz.

El licenciamianto del actual gabinete o, por lo menos, de sus más importantes responsables políticos en el caso Bagua, ya sea por el camino de la renuncia (que hubiera sido la salida más elegante) o de la censura, en la actual coyuntura, constituía una salida efectiva a la crisis política recientemente configurada, para dar paso a un nuevo escenario con nuevos actores de la negociación política desde el oficialismo, y nuevos cimientos para la aceptación social menguada visiblemente. No ha sido así y lo más seguro es que Alan García haya preferido caminar hasta Fiestas Patrias con este gabinete a cuestas seriamente desgastado, controvertido y dañado en su credibilidad, antes de optar por su renovación en esta fecha, con la ilusoria idea de que con ello habría ganado en autoridad e iniciativa para recuperar la legitimidad perdida. Pura “racionalidad instrumental” en el manejo de la política nacional, algo a lo que el alanismo nos tiene acostumbrados y escaldados.

Algunos indicadores de esta “racionalidad instrumental” versus la “racionalidad comunicativa”, por la que opta el alanismo son, luego de amainado el huracán social, la vuelta a las tesis del “perro del hortelano” por boca propia de Alan García que, como un chasquido de dedos, está dando lugar al despertar de toda una camada de corifeos repetidores, letra por letra, de los argumentos y explicaciones en torno a los trágicos sucesos de la amazonía: “complot internacional”, “agitadores antisistema”, “enemigos de la patria” y otras excusas más que, de tanto repetirse, como el “gran bonetón”de quienes dieron la orden para la intervención policial en Bagua, han dejado de tener efecto alguno de convencimiento, salvo para quienes los levantan que, parece, han llegado a creer en sus propias mentiras.

La insistencia pertinaz del alanismo y la derecha política del país en una racionalidad de esta naturaleza, para justificar el gran objetivo neoliberal de desregular y flexibilizar la explotación de nuestros recursos naturales por el gran capital internacional, es el indicador presidencial más claro ( arrogancia y arrebatos fascistoides de por medio), de su voluntad política de no hacer concesiones en el tema del “modelo neoliberal” que viene aplicando. “Modelo neoliberal o muerte” podría ser, quizás, la frase que mejor grafica el albedrío político fundamentalista de esta envejecida y tumefacta clase política, pero también el suicidio político que con tanta entereza vienen acometiendo.

¿Por qué no es posible, en consecuencia, esperar cambios fundamentales en esta clase política gobernante?, y ¿por qué los cambios son sólo de las promesas a los hechos y no de los hechos a las promesas?, es un tema todavía abierto a la reflexión, el análisis y la indagación en el terreno de la ciencia política. Algo que se puede barruntar, en este sentido, es lo siguiente:

La “clase política” gobernante en el Perú es una clase ideológica, histórica y políticamente sometida a la clase económica del país y el extranjero (poderes fácticos) y, en consecuencia, sin márgenes de autonomía y capacidad de liderazgo sobre la clase económica que representa, y menos con capacidad de dirección sobre el conjunto de la sociedad global. Por eso, el ideario que defiende (antes liberal abierto, luego liberal estatista y hoy neoliberal), proviene no de sus propias conclusiones, convicciones y principios políticos, sino de las tendencias e intereses corporativos que obran en la clase económica.

Al no disponer de un espacio propio de actuación política relevante y ante la necesidad de legitimación por el vasto auditorio de la “sociedad civil”, la clase política no ha tenido, imaginativamente, otro camino que el del doble discurso: uno para el escenario de captación del voto ciudadano y otro para el escenario de ejercicio del “poder político”, una vez captados estos votos; así como el de la “maniobra” política, los arreglos bajo cuerda, el desparpajo y la pendejada, la corrupción y cuanta estupidez se le ha venido ocurriendo para auparse en el poder y gobernar con la ilusión de ser gobernantes.

- La política oficial, en consecuencia, deja de tener su propia sustancia para convertirse en el aditamento externo y superfluo de la economía. En un aditamento manejado por los políticos en calidad de comisionados, conscientes o inconscientes, de la clase económica mesocrática dominante, aunque en sus íntimas convicciones puedan tener, perversamente, la ilusión ideológica de estar controlando la situación y ser dueños de sus propios actos.

- Los límites y posibilidades, siendo así, en el campo de acción de esta clase política son los límites y posibilidades de la clase económica dominante que, en muchos caso, asume directamente su propia representación especialmente en aquellas áreas de la actividad estatal más sensibles a sus propios intereses, como es el Ministerio de Economía y Finanzas.

Diseñado este panorama, el descontento y el embate social no podrá tener efectos por lo menos relativos en relación a las peticiones populares, si es que sus efectos no van más allá de la “racionalidad pasiva” y ahuecada de la clase política hasta zaherir, coyuntural o estratégicamente, la “racionalidad activa” y maciza de la clase económica.