EL PROYECTO INAMBARI: NUEVAMENTE SOBRE EL TEMA

A pesar de que las empresas interesadas en la construcción de la hidroeléctrica del Inambari, ante el descontento activo puesto en juego por las poblaciones afectadas y otras, han anunciado la suspensión de la obra hasta que supuestamente las cosas estén más claras, la suspicacia y la desconfianza continúan alentando pronunciamientos públicos, eventos críticos, debates y manifestaciones adversar a la referida construcción que afecta territorios de más de una región del surperuano.

Las principales observaciones ambientales, económicas, sociales y técnicas al mencionado proyecto han sido señaladas abundantemente y colocadas sobre el tapete de la discusión desde hace buen tiempo atrás, por diferentes investigadores, técnicos y organizaciones públicas y privadas (“destrucción de la ecología y el medio ambiente y pérdida irremisible de biodiversidad”, “contribución al calentamiento global”, “destrucción de una buena parte de la carretera interoceánica”, “desplazamiento de personas y asentamientos humanos”, etc.), sin que hasta el momento se haya tenido una respuesta sustanciosa, coherente y oficial a las mismas, tanto por parte del Estado como de los inversionistas privados; salvo la cháchara oficiosa con afeites “técnicos” pasadistas incressendo de ciertos “analistas” mediáticos algunos de antecedentes fujimontesinistas que pretenden convertir lo negro en blanco para confundir a la opinión pública y torcer la voluntad popular.

Según muchos parece que la respuesta oficial se condensaría y finiquitaría con el Informe de Impacto Ambiental (IIA), algo así como el talmud tecnocrático para entender y hacer las cosas de una manera irrecusable y absoluta en un sentido o en otro. Sin embargo la fenomenología del asunto parece que está imponiendo otros indicadores para la determinación de la viabilidad o no de este proyecto en las actuales circunstancias, que superan los diseños clásicos con los que han venido decidiendo, hasta la fecha, los tecnócratas con visión empirista y positivista. Estos indicadores son, por ejemplo, la confianza social y calidad del Estado.

Por la forma cómo ha venido desenvolviéndose el actual gobierno y varios de los anteriores, incumpliendo promesas y haciendo lo contrario a lo que ofrecían, se ha configurado en la percepción y el sentimiento popular una profunda desconfianza ante las promesas y actos de los gobernantes; una desconfianza traducida en suspicacia e incredulidad ante cualquier “buena cosa” que se inicie en la esfera oficial y que comprometa volúmenes grandes de inversión pública o privada como la inversión que se intenta hacer con el proyecto del Inambari. Los destapes que vienen desde la época del fujimontesinismo con dinero a cerros entregado por delincuentes como Vladimiro Montesinos a corruptos empresarios y políticos, hasta los “faenones” de ratas de albañal para negociar privadamente con los dineros del tesoro público, han concluido exterminando la poca cuota de paciencia y confianza que aún anidaba en la conciencia ciudadana. El pueblo, en consecuencia, particularmente el pueblo sencillo, el pueblo que se las juega todos los días y que depende de su trabajo y sus escasos recursos, ese pueblo de todos los días de vida cotidiana difícil y complicada, es hoy un pueblo descreído y desconfiado ante los ofrecimientos de los gobernantes. La fractura producida, por esta razón, entre gobernantes y gobernados es grande y grave y por ello ¿no es un indicador de viabilidad, también, el grado de confianza que los gobernados tienen respecto a sus gobernantes, especialmente cuando se trata de megaproyectos como la pretendida hidroeléctrica del Inambari?

La experiencia denotada por el Estado hasta la fecha no ofrece una factura potable en asuntos de calidad, porque además de tener una “densidad” (concepto aparecido recientemente para expresar el grado de presencia pública institucional en los diferentes espacios territoriales del país) muy baja, adolece de la enfermedad endémica denominada incapacidad de gestión atravesada por corrupción, privatización del Estado y dominio de los poderes fácticos en todas sus decisiones importantes, especialmente cuando de por medio están jugosas ganancias fruto de las inversiones públicas. Las leyes y normas, así, se acomodan y se van acomodando según el interés de grandes inversionistas privados que mueven lobbies especializados para dicho fin. Verbigracia, en el tema del gas los gobernantes no tuvieron el menor empacho en modificar el ordenamiento legal vigente para permitir a socios del Consorcio Camisea (Hunt Oil y SK entre ellos) la exportación del gas del lote 88, exportación que estaba prohibida porque se exigía garantizar el abastecimiento del mercado interno por un “horizonte permanente” de 20 años.
Con un Estado así todo indica que al conjugarse la improvisación, la ausencia de sentido nacional en las políticas que se toman, la corrupción y el interés leonino del capital transnacional, entre otros, es imposible esperar que en los convenios, grandes acuerdos y transacciones entre aquél y el interés privado internacional y nacional, salga algo bueno para la comunidad nacional; y si es así, tal como se dijo al inicio de este comentario, los indicadores para evaluar la viabilidad de un megaproyecto como el del Inambari se amplían, por la realidad de los hechos, hasta abarcar indicadores de naturaleza psicosocial y política (por llamarlos de algún modo) como el grado de credibilidad de la población y la calidad del Estado; indicadores sin cuya configuración y verificación es imposible la viabilidad de cualquier proyecto de envergadura significativa en el Perú, porque la gente ha perdido confianza en la clase gobernante tradicional y el Estado mismo, tal como está estructurado y funciona, no ofrece ninguna garantía de idoneidad moral y política y menos de solvencia técnica.

El IIA, en consecuencia, por la naturaleza de las observaciones alcanzadas desde la vertiente crítica al proyecto seguramente encontrará serias dificultades para levantarlas solventemente, algunas incluso imposibles de ser atendidas por más que se fuerce y se transgreda el paradigma o enfoque desde el cual se lo viene procesando, no comprenderá ni hará suyos estos y otros indicadores de evaluación emergentes que configuran una realidad sumamente compleja cuya asunción, por lo señalado hasta aquí, debería ser tarea de un Estado y gobierno refundados bajo una plataforma de principios auténticamente nacionales, sociales con equidad y medioambientales, bajo el paradigma de un “desarrollo humano” que comprometa a todos los peruanos en el esfuerzo común de hacer del país un país próspero y desarrollado.

No pongo en duda que en la alocución de algunos políticos prácticos y más prácticos todavía profesionales y técnicos, asoma algún genuino interés por buscar un beneficio sano con esto del Inambari, pero la bondad de este interés no puede empañar siquiera la hondura de las debilidades y problemas que ello conlleva y que, en la balanza de las decisiones, pesan en sobremanera para postergar indefinidamente, por lo menos, este proyecto hasta que nuevas circunstancias nos permitan una evaluación transparente, integral y socialmente aceptable; circunstancias que la clase política regional ya debería estar por lo menos pergeñando en aras de construir una propuesta regional con bases endógenas, incluyentes, democráticas y humanas. La campaña electoral en ciernes para los municipios y regiones, sin ir muy lejos, debería convertirse en un verdadero escenario para discutir estos temas, y los ciudadanos exigir que las cosas sean así con una agenda impuesta por la sociedad civil y no por los mecanismos mediáticos.